Gremio de empresas de publicidad exterior acusa a Providencia de aplicar tributos “desproporcionados”

La Asociación Nacional de Medios de Publicidad Exterior A.G. (en cuyo directorio participan representantes de firmas como JC Decaux, Publivia y Massiva) se lanzó contra la Municipalidad de Providencia.

El gremio presentó un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, dirigido a la alcaldesa Evelyn Matthei, apuntando al monto y cobro de derechos municipales que deben pagar personas naturales y jurídicas por el establecimiento de propaganda y publicidad dentro del municipio.

La asociación explicó que, el 29 de diciembre de 2021, Providencia publicó un nuevo decreto sobre derechos municipales. “Se estableció de un modo totalmente ilegal, arbitrario y desproporcionado nuevos montos que los particulares debían pagar por concepto de derechos municipales relacionados a propaganda y publicidad”, dijo el gremio.

Sostuvo que la medida adoptada por el municipio carece de toda razonabilidad que justifique su implementación. “Es insoslayable que la privación del derecho de propiedad no se justifica por los fines perseguidos con el decreto en cuestión; ya no sólo por su naturaleza jurídica, sino que la limitación realizada a la propiedad es de tal magnitud que no se justifica por el mero hecho de recaudar más dinero por parte de la municipalidad”, señaló la asociación.

Y añadió: “La diferencia entre los montos actualmente vigentes y los que se vienen a imponer mediante el decreto impugnado es manifiesta, lo que basta para sostener que se trata de valores absolutamente desproporcionados”.

Insistió que los valores que se establecen son manifiestamente superiores a los que regían con anterioridad, sin que medien –dijo- razones de hecho relevantes que justifiquen un alza de dicha envergadura. “Lo anterior, dado que no existe contraprestación alguna que deba soportar el municipio que justifique, en términos de costos, un alza como la que se impugna”, dijo el gremio, el cual agregó: “El tributo en cuestión es desproporcionado en cuanto el monto de su tasa es irrazonable, lo que ocasiona severo deterioro al derecho de propiedad en su esencia; o, en cualquiera de sus atributos”.